Ley Brisa: la reforma que pretende desmontar la impunidad en delitos sexuales en Bolivia

Durante años, la historia de Brisa de Angulo Losada fue leída como un caso individual de abuso sexual intrafamiliar, pero con el tiempo se convirtió en algo más: en una radiografía del fracaso del sistema judicial boliviano frente a la violencia sexual.

Cuando denunció a su agresor —un familiar adulto que abusó de ella de forma sistemática durante meses— Brisa no solo tuvo que enfrentar el trauma de la violencia, sino la respuesta de un aparato estatal incapaz de protegerla.

En una entrevista realizada por Verdad con Tinta el año 2020, Brisa describió el proceso como “horrible”, pues relató que en Cochabamba no había espacios de atención a víctimas de violencia sexual, mientras que en los pocos espacios a los que pudo acudir, ella siempre era la culpable, no la víctima.

Su caso terminó atravesado por demoras, anulaciones judiciales y una tipificación penal que redujo la gravedad de los hechos bajo la figura de estupro agravado, una categoría jurídica históricamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por trivializar ciertas formas de violencia sexual contra adolescentes.

Brisa de Angulo demanda al Estado boliviano por negligencia en su caso de abuso sexual

La ruta judicial derivó, años después, en una demanda internacional contra el Estado boliviano por negligencia y denegación de justicia. En enero de 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de la demandante, no solo cuestionando a Bolivia por la forma en que su sistema trató la denuncia de Brisa al no investigar, juzgar y sancionar adecuadamente la violencia sexual que sufrió cuando era adolescente, sino estableciendo una serie de acciones de reparación.

En su fallo la corte ordenó: continuar y concluir la investigación penal para evitar impunidad, adecuar su legislación penal, especialmente en delitos sexuales, alineándola con estándares internacionales sobre consentimiento, capacitación de operadores de justicia en enfoque de género, niñez y violencia sexual, implementación de medidas de reparación integral y garantías de no repetición.

Hoy, ese mandato internacional se ha transformado en una propuesta concreta de reforma legal: el proyecto de ley 010, conocido públicamente como ley “Brisa”.

Una reforma que no solo modifica artículos del Código Penal, sino que busca cambiar la lógica con la que el Estado entiende la violencia sexual.

Del cuerpo violentado al consentimiento vulnerado

El corazón de la reforma está en la redefinición del delito de violación.

Hasta ahora, la estructura penal boliviana ha estado anclada, principalmente, en probar violencia física, intimidación o fuerza. La ley Brisa propone mover ese eje.

El nuevo centro del análisis es el consentimiento. No si hubo golpes, no si hubo resistencia, sino si existió una aceptación libre, informada y voluntaria.

El proyecto incorpora una definición específica de consentimiento y delimita cuándo este no es válido: bajo coerción, manipulación, amenazas o relaciones de poder asimétricas.

El cambio responde a una realidad ampliamente documentada: muchas agresiones sexuales, especialmente dentro de espacios familiares o de confianza, no ocurren bajo violencia física visible. Ocurren bajo control. Bajo dependencia. Bajo miedo.Y muchas veces, bajo silencio.

El fin del estupro

Uno de los cambios más sensibles es la eliminación del delito de estupro, pues la figura desaparecería como tipo penal independiente.

En su lugar, las relaciones sexuales con adolescentes de entre 14 y 18 años pasarían a ser incorporadas dentro del delito de violación de niñas, niños y adolescentes, ampliando la protección legal vigente hasta los 18 años.

La modificación toca una fibra histórica del sistema penal boliviano, porque el estupro, en la práctica, ha operado como una categoría intermedia: ni inocente ni plenamente grave. Un espacio gris que, para organizaciones de derechos humanos, permitió penas menores y lecturas indulgentes sobre violencia sexual contra adolescentes.

La ley Brisa busca cerrar ese espacio y enviar un mensaje jurídico claro: la adolescencia sigue siendo una etapa de especial protección.

El límite entre protección y criminalización adolescente

La reforma, sin embargo, introduce una precisión importante.

Mantiene la exclusión penal para relaciones consentidas entre adolescentes cuando ambos tengan al menos 14 años, la diferencia de edad no supere tres años y no exista violencia, presión o manipulación.

Ese punto intenta responder a uno de los principales cuestionamientos al proyecto: que una ampliación de protección termine criminalizando relaciones sexoafectivas entre pares.

La ley intenta marcar esa frontera. El problema, como suele ocurrir, estará en la interpretación.

Nombrar la violencia dentro de la familia

Otro cambio estructural es la creación del delito autónomo de violación incestuosa.

Actualmente, cuando el agresor es un familiar, esa condición opera como agravante. Sin embargo, la reforma plantea que deje de ser un accesorio jurídico y pase a ser un delito independiente.

La diferencia es profunda, porque reconocerlo como delito autónomo implica reconocer también la especificidad de esa violencia.

La violencia sexual intrafamiliar no ocurre en un vacío; se produce dentro de relaciones de dependencia emocional, económica y afectiva. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el caso de Brisa, donde según relató a Verdad con Tinta en 2020, su primo aprovechó los lazos familiares y afectivos para abusarla sexualmente.

Delitos que no caduquen

Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la imprescriptibilidad de los delitos de violación y violación incestuosa contra menores de edad.

La lógica detrás es simple. La violencia sexual infantil tiene tiempos distintos. Muchas víctimas tardan años en nombrar lo ocurrido, a veces décadas, y cuando logran hacerlo, el sistema suele responder que ya es tarde.

La reforma busca que eso deje de ocurrir.

Más castigo al encubrimiento y nuevos agravantes

El proyecto también endurece el tratamiento penal del encubrimiento de delitos sexuales contra menores.

La pena pasaría de un rango de seis meses a dos años, a uno de tres a seis años.

Además, incorpora nuevos agravantes cuando el agresor sea funcionario público o líder religioso y utilice esa posición de autoridad para cometer el delito, pues las estructuras de poder también producen silencio y muchas veces impunidad.

La ley que nace de una sobreviviente

La ley Brisa no es solo una reforma penal, es el resultado de una disputa por memoria y justicia de una sobreviviente que convirtió su caso en una interpelación al Estado.

Y de una pregunta incómoda para Bolivia: ¿Cuántos casos como el de Brisa fueron leídos bajo leyes insuficientes, interpretaciones estrechas o prejuicios institucionales?