Letalidad y política: Las engañosas cifras de COVID-19 en Bolivia

“A mitades de julio del año pasado, hemos llegado a tener una tasa de letalidad en lo que significa la pandemia del 33%; hoy estamos con una tasa menor al 5%”, decía con convicción, el vocero presidencial Jorge Richter, en una entrevista realizada el 24 de enero en el programa Asuntos Centrales.

Sin embargo,  un artículo publicado en la página del Ministerio de Salud, el 18 de julio de 2020, asegura que la tasa de letalidad en Bolivia en ese mes, fue del 4,2%. 

La tabla mostrada por el vocero señalaba que la letalidad en la semana epidemiológica número 37, correspondiente a julio de 2020, llegaba al 33%, posicionándose como la más alta de la pandemia en el país, incluso una de las más altas del mundo.

Sin embargo, la semana 37, en la que se registró aquel pico, correspondía en realidad al mes de septiembre. ¿Qué pasó en ese mes?

En Bolivia, el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) es el que se utiliza para centralizar la información de casos sospechosos, confirmados y recuperados de COVID-19 a nivel nacional, así como los decesos.

Según explica el biólogo-epidemiólogo Alex Cornejo Pinto, en departamentos como Santa Cruz, donde se concentró y se concentra el mayor número de muertes por COVID-19 en el país, la información debía llegar de zonas alejadas y presentaba retrasos en su registro debido a la falta de acceso al SIVE en estas localidades, así como al transporte que llevara las fichas con los datos que debían ser cargados por las autoridades sanitarias.

“Ese día se registraron alrededor de 1500 fichas de defunción, pero no es que hayan muerto todas esas personas esa jornada. Hubiéramos sido noticia a nivel mundial”, asegura el epidemiólogo.

“En la primera ola hubo un momento en el que había un desfase en la información, especialmente en el departamento de Santa Cruz”, dice la epidemióloga de la Escuela Nacional de Salud, Jaqueline Cordero. Según su relato, el desfase se niveló en la semana epidemiológica 37, dando como resultado un pico en los datos de la letalidad a nivel nacional.

Al cargarse los datos, el sistema los tomó como si hubiesen sido de ese día, pues no se filtró la información por fecha de notificación, eso fue lo que generó el pico en la letalidad en la semana epidemiológica 37, llegando al 33%.

De hecho, los reportes diarios que muestra Google, los que están basados en los datos que recoge a nivel mundial la Universidad Johns Hopkins, muestra que el 7 de septiembre en el país se registraron 1656 decesos, aunque en realidad esos datos corresponden al 6 de septiembre, ya que los publicados tienen un día de retraso. Las cifras coinciden con lo que explica Cornejo.

Para la epidemióloga Jaqueline Cordero, a diferencia de la primera ola, ahora se realizan “muchas más pruebas”, por lo que según su lectura, puede que las tasas de letalidad de la primera ola hayan sido diferentes a las que en realidad conocemos, pues mientras menos pruebas se hagan, más probabilidad hay de que la letalidad aumente.

“La letalidad está sujeta al número de muestras o pruebas que se hayan realizado. Mientras más pruebas se realicen en un lugar, la tasa de letalidad será más baja”, resalta Cordero.

Por su parte, Cornejo insiste en que los números pueden variar “mucho” según la capacidad de procesamiento de pruebas que se tenga, o de acuerdo al número de pruebas disponible.

A principios de la pandemia, el procesamiento de pruebas fue un problema especialmente en el interior del país, pues la mayoría de los departamentos no contaban con laboratorios equipados para procesar pruebas PCR, teniendo que mandar estas a Santa Cruz o La Paz y teniendo demoras de hasta dos semanas para recibir los resultados.

Este, fue otro de los factores que incidió en la letalidad en la primera ola, donde según datos publicados en los reportes de Bolivia Segura, la letalidad fue del 6,2%.

Ante este panorama, y tomando en cuenta los factores que inciden en la letalidad, Cornejo explica que en epidemiología apelan a la tasa de mortalidad, la cual muestra al denominador de la población.

“En la mortalidad se hace una relación entre el número de fallecidos respecto a la población, por cada 100 mil habitantes”, dice el epidemiólogo.

Cornejo aclara que esto se debe a que el número de habitantes, a diferencia del de pruebas realizadas, no varía.

“Cuando usamos el número de muestras estamos sujetos a que los valores no coincidan. Si vemos la evolución semanal de la tasa de letalidad, tiene relación con  el número de fallecidos, pero cuando hacemos comparaciones grandes entre países o departamentos, ahí es donde justamente vemos las asimetrías”.

En los gráficos que vemos a continuación, vemos cómo Tarija, pese a tener la letalidad más baja, junto con La Paz, posee una mortalidad media.

Pese a que la tasa de mortalidad puede dar una mirada más “objetiva” del comportamiento del virus, la página estatal de Bolivia Segura, donde se publican los datos oficiales de la pandemia en el país, solo contempla la tasa de letalidad en sus reportes.

El uso de la letalidad en la política

Tarija fue el primer departamento en ingresar al ojo de la tormenta, cuando el 13 agosto de 2020 un instructivo del Servicio Departamental de Salud (Sedes), instruía que “las pruebas rápidas que sean reactivas IgM y/IgG, serán reportadas e introducidas al sistema SIVE como positivas…”.

La noticia de que estas pruebas serían integradas  al Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) despertó la alarma a nivel nacional, pues el instructivo contradecía directamente la resolución ministerial 0280/ 2020, la cual especifica que  las pruebas rápidas deben ser utilizadas por los Sedes en el “seguimiento epidemiológico de prevalencia serológica”, no así para el diagnóstico de COVID-19.

Ante la falta de pruebas PCR y reactivos, las autoridades de ese departamento optaron por incluir otras pruebas en sus reportes epidemiológicos. La determinación avalada por el gobernador Adrián Oliva Alcázar,  elevó las cifras estadísticas de los contagios a 4206 nuevos casos y 111 fallecidos aquel mes, pero reduciendo significativamente la letalidad. “El departamento con la tasa de letalidad más baja”, aseguraba Oliva ante la prensa.

El entones secretario de Coordinación, Waldemar Peralta Méndez, aseguró en una anterior entrevista con Bolivia Verifica, que las pruebas de anticuerpo eran utilizadas como método de diagnóstico y que “esta metodología era de conocimiento del Ministerio de Salud”.

Como respuesta, autoridades del Ministerio de Salud instaron al Sedes de Tarija a que a partir del miércoles 7 de octubre de 2020, solo reportara las pruebas PCR.

Para el epidemiólogo Alex Cornejo, esta situación respondía a un manejo político de la letalidad, dado el escenario electoral que se disponía a encarar el país tanto a nivel nacional como subnacional.

En ese entonces, las autoridades de turno, como el caso del entonces gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar, buscaban la reelección, quien precisamente usaba como una de sus banderas políticas el rango de la tasa de letalidad del departamento.  “La más baja del país”, resaltaban los medios de comunicación locales como nacionales.

Ximena Martínez Martínez, jefa de laboratorio de referencia de Tarija, asegura que en la actualidad las únicas pruebas que se contemplan para enviar a nivel nacional, son la PCR y la de antígeno nasal.

En Tarija, además, el epidemiólogo detecta una alta tasa de prevalencia oculta, la cual contempla a pacientes asintomáticos o que por algún motivo no llegaron a un centro de salud, pero sí tuvieron síntomas de COVID-19.

“Especialmente se ha notado en Tarija, donde la curva ha tenido un número de casos sostenidos casi desde la semana epidemiológica 13, hasta ahora”, acota Cornejo, quien asegura que en Potosí sucede lo mismo, al margen de que en ese departamento el número de pruebas que se realiza es escaso en relación a su número de habitantes, lo cual también afecta a la calidad de los datos.

Para el ex subdirector del hospital regional San Juan de Dios de Tarija, Marcos Oliva Castrillo, el escenario respecto a la mortalidad también ha cambiado en el departamento sureño.

Según explica el médico, un número significativo de pacientes fallecen en sus casas, ya sea porque no tenían los recursos para internarse o porque los allegados “prefieren que mueran junto a la familia”.

“Como no hay una política seria de seguimiento y evaluación, el Sedes pierde ese registro, entonces la mortalidad también está sub registrada, porque mucha gente muere en las casas y no son registradas como deceso por COVID-19”, asegura Oliva.

Volviendo al ejemplo inicial, los datos presentados por el vocero presidencial eran correctos, pero no reflejaban la realidad, pues la simple comparación sin el respectivo análisis, se apoyaba más en lo político, que en lo científico.

Falta de equipos y herramientas

No solo el factor político incidió en la montaña rusa de resultados, sino también la precariedad con la que se desenvuelve el sistema de salud en las regiones como es el caso de las provincias cruceñas o del departamento de Beni, uno de los más golpeados por la pandemia.

El director saliente del Sedes en Beni, Erick Vallejos, afirmó a Verdad con Tinta que los resultados de las provincias no eran subidos al sistema el mismo día que se registraban los casos, sino que se acumulaban, lo que generaba resultados engañosos en su tasa de letalidad.

“Los municipios en su totalidad no han garantizado que los establecimientos tengan internet o equipos de computación para que el personal de salud pueda realizar su trabajo adecuadamente”, explicó Vallejos sobre la situación en Beni.

A ese problema se suman las grandes distancias entre los centros de salud, lo que provocó que no se puedan cargar a tiempo los datos, “sin poder tener una información actualizada y fidedigna”, admitió el médico.

Otros casos fueron más marcados aún, como el de Pando que incluso había días que el registro nacional indicaba “0”, pero en realidad, era porque no se lograba cargar la información a tiempo. El problema con el reporte de COVID-19 proveniente de Pando, se mantiene hasta la fecha.   

Bolivia y un subregistro en el plano internacional

A nivel internacional, los registros son realizados por los resultados que salen de cada país de las pruebas PCR, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Incluir pruebas de anticuerpos en nuestras cifras significaría que serían menos útiles para este propósito”

Our World in Data

Los organismos internacionales utilizan la información de Worldmeter, Our World in Data y de la Universidad Johns Hopkins, instancias que se han ganado la reputación de tener los registros de datos más confiables.

Estos portales incluyen los datos PCR para elaborar una clasificación mundial oficial con las tasas de test por cada 1000 habitantes.

En su página, Our World in Data explica que su “objetivo” es utilizar datos de pruebas para ayudar a interpretar “correctamente” sobre casos confirmados y muertes por COVID-19.

“Incluir pruebas de anticuerpos en nuestras cifras significaría que serían menos útiles para este propósito”, sustenta Our World in Data en su sitio.

En países como Bolivia, los datos variaron de acuerdo a la temperatura política y a la coyuntura que vivía de cada región, mostrando una fotografía inexacta de la pandemia.

Para Marcos Oliva, quien fue subdirector del hospital San Juan de Dios de Tarija en las etapas más críticas de la pandemia, este mal manejo de datos, no solo se traduce en desinformación, sino en políticas públicas que no se condicen con la realidad nacional.

“Son insuficientes y muchas de ellas no han sido tomadas con seriedad”, dice Oliva sobre las políticas públicas. 

A modo de ejemplo, el médico visibiliza que departamentos como Tarija siguen sin satisfacer la demanda que hay de PCR o antígeno nasal, lo que es una especie de círculo vicioso, que fomenta el subregistro e impide tomar acciones adecuadas sobre la pandemia.

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight X de Apoyo a la Investigación Periodística en Medios de Comunicación que impulsa la Fundación Para el Periodismo con apoyo de National Endowment for Democracy (NED).