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Justicia en crisis: apéndice de la crisis boliviana

La crisis del sistema judicial boliviano sigue el ritmo de la pandemia, lejos de encontrar estabilidad, se acerca a su pico más alto. El control que ejercen fuerzas policiales sobre la actividad de los Jueces en Santa Cruz, son hechos que muestran claramente este síntoma.

Lo cierto es que, a esta altura, cuesta bastante digerir lo que está sucediendo en el sistema de justicia, es incomprensible la desnaturalización de los roles que la Ley orgánica de la justicia le otorga a cada actor de su estructura; y esto impulsa a buscar el origen del hecho de haberse electoralizado el sistema.  

El génesis del cambio de conducta de los judiciales, es justamente el mecanismo por el cual se accede a cargos tan importantes como los que representa la magistratura. El hecho de la elección mediante voto popular, ha provocado que quienes opten por participar del proceso de selección de autoridades judiciales, deban relacionarse y asumir conducta política, hecho que desnaturaliza  el acto de administrar justicia de manera imparcial.

El acceso mediante elección, que en principio pretendía democratizar la justicia, en la práctica trajo como resultado que la conducta de los judiciales cambie y se aleje del paradigma del juez imparcial, pues en el proceso para ser elegidos, inevitablemente se ejecutan actos de campaña política y se generan alianzas que aunque son negadas, todos sabemos que existen, caso contrario, es imposible enfrentar un proceso electoral en el que los candidatos a autoridades judiciales nacionales sean escasamente conocidos por la población y eso provoca que las organizaciones pre-existentes, relacionados con la política, sean los que definan el rumbo de la selección de quienes serán la cara de la justicia en nuestro país.

Llama poderosamente la atención que esta situación parece no provocar nada en la sociedad. Parece normal que un Juez resuelva una acción de libertad con 12 policías esperando la resolución para aprenderlo o no. No importa el caso que sea sometido a su conocimiento, sino el hecho de presumir que el Juez vaya a cometer un delito en la celebración del acto procesal. Entonces surge la duda de que si los jueces son o no independientes en el ejercicio de sus funciones.

Esta compleja crisis judicial requiere que, con urgencia, el Órgano Ejecutivo nacional se ocupe de fortalecer la actividad del servicio de justicia y, más allá de los recursos y políticas a ser aplicadas, se requiere que desde ese órgano se muestre respeto y no sean sus representantes los que instrumentalicen en el escenario político la actividad jurisdiccional.

Estos momentos nos muestran con claridad que deben producirse reformas coherentes para restablecer, o por o menos encausar, un escenario que permita la vigencia de la justicia en los términos que su naturaleza demanda. Un sistema en el que el país pueda confiar y tenga la garantía de que los mejores profesionales sean los que impartan justicia, profesionales que no tengan vínculo político de ninguna naturaleza y sea solo su capacidad la que permita el acceso a la Magistratura, resultan indispensables para la el bienestar de nuestro país.    

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