INTELIGENTE
Este trabajo fue realizado con el apoyo de Internews Health Journalism Network
Violeta
Era un bebé buscado. Violeta (*) supo que estaba embarazada en la primera semana de embarazo, cuando un retraso en su menstruación anunciaba que en su vientre empezaba a desarrollarse una nueva vida.
Fueron seis semanas de incontenible felicidad, hasta que una mañana, cuando se levantaba para ir a trabajar, una mancha de sangre en la ropa interior se dispuso a amenazar aquella alegría.
El médico le ordenó reposo, pero aún así, el sangrado no paró. El aborto era inminente. Tras una serie de ecografías que confirmaban que el embrión no tenía vida, el médico privado le proporcionó unas pastillas que la ayudarían a expulsar los restos que aún permanecían dentro. Su bebé.
El aborto espontáneo es la muerte natural del embrión o feto antes de la semana 20.
Organización Mundial de la Salud
Su caso se manejó desde la intimidad de su hogar y nunca llegó a registrarse en el sistema de salud.
Como ella, cientos de mujeres atraviesan por abortos espontáneos en el primer trimestre e inclusive en las primeras semanas de embarazo, lo cual dificulta tener datos reales de cuál es el porcentaje de abortos espontáneos no solo en Bolivia, sino a nivel mundial.
Miles de las mujeres que atraviesan un aborto, ni siquiera llegan a enterarse que están embarazadas, pues consideran que fue un retraso en su ciclo menstrual o una menstruación con “un poco” de dolor.
A nivel internacional se estima que entre 10 y 20 de cada 100 embarazos terminan en un aborto espontáneo o retenido; otros cálculos hablan de 10 de cada 40 casos. En general, hay poca información al respecto.
En el caso de Bolivia, no hay información disponible públicamente por parte del Ministerio de Salud y Deportes. La solicitud debe hacerse de manera formal, escrita y según informan desde el área de comunicación de la propia oficina “tarda en llegar”. La información es casi un secreto, como si se tratara de un pecado.
Sin embargo, información solicitada al Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca, evidencia que los casos registrados en este departamento entre enero de 2020 y noviembre de 2021, llegan al 10%, manteniéndose dentro de la estadística internacional, aunque la cifra podría inclusive duplicarse tomando en cuenta que muchos de estos casos nunca llegan a registrarse en el sistema de salud.
En el hospital gineco obstétrico “Dr. Jaime Sánchez Porcel” de la ciudad de Sucre, la psicóloga Irma Maldonado asegura que reciben casos de aborto espontáneo “prácticamente todos los días”, lo que indica que las cifras podrían ser más altas aún.
La falta de estadísticas, o su difícil acceso, habla de la invisibilización intencional o accidental de la problemática, lo cual impide no solo que las mujeres tengan acceso a información oportuna, sino también a una asistencia transversal, que vaya desde lo físico hasta lo emocional.
“Me hubiera gustado que un profesional me acompañe después de mi pérdida”, dice Violeta, quien tras casi un año, aún llora la pérdida de su bebé y afronta con ansiedad y miedo la posibilidad de quedar embarazada nuevamente.
Como ella, otras mujeres desean haber recibido atención psicológica tras sus pérdidas, pero en Bolivia no hay políticas orientadas a la salud mental de las mujeres que atraviesan por un aborto, ya sea espontáneo o voluntario y tampoco hay información sobre el tema en general.
Mariela
“Lo siento mucho, pero no hay latido; el embrión no tiene vida”, fueron las palabras del médico. Mariela (*) tenía ocho semanas de embarazo y acudía a su segundo control ecográfico, pero lejos de escuchar los primeros latidos del corazón de su bebé, recibió una noticia que paralizó el suyo por algunos segundos. Ese “no hay latido” aún retumba en su cabeza.
Su embarazo se había detenido al menos una semana antes, pero nunca tuvo sangrados y el cuello del cérvix estaba cerrado, por lo que se trataba de un aborto retenido.
Su caso llegó a registrarse en el sistema de salud, pues tuvieron que practicarle un legrado o raspado de las paredes del útero para sacar los restos de aquel ser al que el sistema de salud se empeñaba por denominar como embrión, pero que para ella, era su bebé.
Aunque su caso fue registrado en el sistema de salud, nunca recibió un seguimiento psicológico y tampoco se lo ofrecieron.
“Me llamaron al menos tres veces de la clínica donde se llevó a cabo el procedimiento para preguntarme sobre las causas de mi aborto, querían saber si había sido espontáneo, por riesgo para mi salud o voluntario, pero nunca me preguntaron por mí, por cómo estaba yo después de aquella experiencia”, relata Mariela, evidenciando la priorización de la parte física y legal, pero no de la emocional.
Tanto Violeta como Mariela, aseguran haberse sentido solas en el proceso pese a la compañía de su familia. Aún hoy, confiesan tener sentimientos de culpa.
“A veces pienso que podría haber hecho algo que lo evitara. Tal vez hice mucho esfuerzo en ese tiempo, tal vez debería haber hecho reposo”, asegura Mariela.
Según explica el doctor José Antonio Aguilar Jiménez, director de la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia, que pertenece a la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), las causas del aborto espontáneo van desde factores genéticos, hormonales e infecciones. Sin embargo, el especialista resalta que en Bolivia los embarazos en adolescentes y una deficiente nutrición de la madre, son dos factores que provocan que la incidencia sea mayor.
Como sea, en la mayoría de los casos los abortos espontáneos son por causas que la madre no podría haber evitado, pero aún así carga con el sentimiento de culpa.
Ximena Montaño es psicóloga clínica con especialidad en psicología perinatal, salud mental materna y duelo. Aunque su experiencia profesional en la atención psicológica a mujeres que han atravesado por un aborto es vasta, ella misma ha pasado por esa situación, lo que además la torna más empática y humana con quienes acuden a ella por ayuda.
Su experiencia profesional, sumada a la poca atención psicológica que reciben las mujeres que experimentan un aborto en Bolivia, la ha llevado a formar el “Grupo de Apoyo Gratuito Comunidad Acompañarte”, desde donde brinda acompañamiento emocional de duelo a quienes han perdido a un hijo en cualquier etapa del embarazo.
Ximena sabe que hay más casos de lo que se piensa, pero es un tema del que se habla poco porque en Bolivia. Hablar del aborto, así sea un aborto natural, es tabú.
“Inconscientemente, desde el punto de vista del psicoanálisis, la mujer percibe muchas veces el aborto como una falla en ella”, dice la profesional sobre los sentimientos más recurrentes que suelen tener en estos casos.
Generalmente, las mujeres evitan hablar del tema, pues hay el temor de que asocie con una enfermedad o incapacidad, pese a que es algo frecuente y natural. Lo cierto, es que aquel temor está fundado en una realidad.
“Es importante saber que un aborto, en cualquier mujer, representa su maternidad también, pues la maternidad no es solo tener un bebé en brazos. La maternidad se da desde el momento uno, e inclusive desde el deseo previo de un embarazo”, explica la psicóloga perinatal.
Respecto a lo emocional, el impacto o las consecuencias psicológicas variarán según cómo haya sido cada experiencia y según las circunstancia.
Atreviéndose a compartir un fragmento de su propia experiencia, Ximena relata que cuando ella perdió a su bebé mientras vivía en Argentina, sufrió un sangrado muy fuerte que derivó en su desmayo y posterior traslado en ambulancia a un centro médico, convirtiéndose en una situación caótica para ella y su pareja, al margen del dolor emocional que ya de por sí atravesaban.
Laura
Laura (*), madre de un pequeño de seis años, tuvo un aborto espontáneo casi al mismo tiempo que Mariela, y las similitudes entre ambos son muchas. Se trataba de un aborto retenido y había la necesidad de realizar un legrado.
A diferencia de Mariela, Laura fue atendida en un hospital público de la ciudad de Tarija y el procedimiento se realizó sin sedación. Durante varios minutos, con dolor físico y emocional, ella sintió cómo succionaban a su bebé de su interior.
Pese a la traumática experiencia, al igual que Violeta y Mariela, nunca recibió atención psicológica.
Según explica la doctora Irma Maldonado, quien trabaja en el área de psicología del hospital gineco obstétrico “Dr. Jaime Sánchez Porce” de la ciudad de Sucre, el abordaje psicológico a los pacientes en los centros de salud queda relegado a la iniciativa y capacidad de cada centro, ante la falta de políticas transversales que contemplen la salud mental de los pacientes.
En el caso del Gineco Obstétrico, el hospital actúa de “oficio”, realizando una evaluación diaria a cargo de un equipo multidisciplinario a todas las pacientes ingresadas en el centro, según su protocolo. En ese equipo, se encuentran las profesionales de psicología.
“El servicio de psicología brinda una atención en relación a la necesidad de cada paciente con el fin de precautelar la salud mental y la paciente recibe atención emocional”, asegura Maldonado, quien explica que estos casos se registran diariamente.
Aunque su protocolo es fácil de replicar en otros establecimientos, el Gineco Obstétrico de Sucre es una excepción dentro de una regla marcada por la indiferencia y frialdad en cuanto a la atención psicológica a las mujeres que han atravesado por un aborto en el sistema de salud.
En general, para las mujeres el duelo de la pérdida de un bebé es un camino marcado por la culpa y la soledad, puesto que muchas veces ni los propios familiares tienen las herramientas necesarias para ayudarlas a transitar por su pérdida.
De acuerdo a la teoría de la psiquiatra suiza estadounidense Elisabeth Kübler-Ross las fases son: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
Si bien estas fases no son lineales y se pueden presentar en distinto orden y etapas, es común experimentarlas todas a lo largo del proceso de duelo; y es positivo.
“Es importante entender que para tener un duelo saludable, hay que pasar por estas cinco etapas, aunque el tiempo que dure cada una de ellas puede ser relativo”, explica la psicóloga perinatal Ximena Montaño.
Pese a lo saludable de esto, e diferentes ocasiones son los propios familiares quienes inhiben el duelo con la intención de evitar ver sufrir a sus seres queridos en ese momento, pero generan un efecto negativo.
“Sentía que querían minimizar lo que yo sentía, me decían cosas como ‘era muy chiquito, no tenía formado ni el corazoncito’, pero lo que para ellos era casi un coágulo, para mí era mi bebé”, dice Mariela, quien inclusive llegó a sentirse culpable de su propia tristeza a causa de comentarios de esa índole, lo que le generaba aún más ansiedad.
Para Montaño, si la expectativa del embarazo es alta, es sano que la mujer pueda manifestar una tristeza acorde al deseo que ella sentía de ser madre, sin que sea minimizado. Por el contrario, frases como “podría haber nacido enfermo” o “ese bebé no estaba bien formado”, no contribuyen a un duelo positivo.
En el caso de un aborto, el duelo puede ser más desafiante, pues a diferencia de cuando se pierde a un padre, un hermano o a cualquier familiar, aquí no hay recuerdos buenos a los que aferrarse ni un lugar físico para llorar a los seres queridos, como el cementerio.
Los rituales, como el velatorio y el posterior entierro, ayudan con el duelo, por eso, en estos casos, es bueno realizar algún tipo de ritual para integrar esa pérdida a nivel psicológico.
Escribir una carta, plantar una flor o resignificar su pérdida llevando la ropa que tenían comprada a una maternidad, para donación, son acciones que pueden ayudar en ese proceso.
Violeta, Laura y Mariela aún cargan con una profunda angustia por su pérdida, sin haber recibido ayuda emocional en los centros en los que fueron atendidas, ya sean públicos o privados.
(*) El nombre de estas mujeres fue cambiado para proteger su privacidad.
*Esta es una colaboración periodística entre Mongabay Latam, Página Siete y la Red Ambiental de Información
El año 2020, cuando la pandemia paralizó al mundo, Bolivia exportó más de 14 millones de kilos de carne de res a China, Perú, Ecuador y a la República del Congo. Las ganancias de la venta de este inmenso cargamento de carne benefició a unas pocas manos ganaderas que percibieron un ingreso superior a los 60 millones de dólares.
Este despegue en las exportaciones coincidió, además, con dos temporadas de incendios forestales que arrasaron con más de 10 millones de hectáreas en Bolivia. Una emergencia que estuvo asociada a una serie de decretos supremos que promovía, precisamente, la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas en las regiones de Santa Cruz y el Beni —las más afectadas por el fuego— y las quemas controladas.
Recientemente, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) acaba de terminar un estudio que calcula la deforestación en Bolivia entre los años 1986 y 2019. La cifra es de 6 millones 922 mil hectáreas de bosque, una extensión similar al tamaño de Irlanda y que coincide con la expansión del territorio destinado a cultivos y pastizales.
Casi en ese mismo periodo de tiempo, entre 1985 y el 2019, la actividad agroindustrial (especialmente soja y ganadera) se incrementó en un 229% en el país, pasando de ocupar 2 120 430 a 6 974 510 hectáreas en todo Bolivia.
“A partir del 2005, la ganadería empezó a tomar mayor protagonismo en el tema de la frontera agrícola superando a la agroindustria. Esto debido a que los suelos no son altamente productivos y la agricultura requiere de suelos profundos, mientras que la ganadería es menos exigente en ese sentido”, explica Marlene Quintanilla, Directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de FAN. La especialista precisa que este crecimiento se ha dado a costa de los bosques.
El nuevo gobierno del MAS, liderado por Luis Arce, ha dejado en claro que seguirá la hoja de ruta trazada por Evo Morales y que se resume en la Agenda Patriótica 2025 desarrollada por el ex presidente. En el pilar seis de este documento —que regirá parte de la política económica del gobierno en los próximos cuatro años— se establece como meta triplicar la población de ganado en el país, hasta superar las 22 millones de vacas. Alrededor de dos cabezas de ganado por habitante.
El departamento de Santa Cruz ya tiene incorporado este modelo. Las cabezas de ganado duplican la población del departamento. Y para los empresarios ganaderos del Beni, este parece ser el “modelo a seguir”. Así lo manifestaron quienes aplaudieron la modificación del Plan de Uso de Suelo que habilita más de ocho millones de hectáreas para la agroindustria.
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Los reyes del ganado
En el departamento de Santa Cruz se estima que existen más de 24 mil productores de ganado, según datos del 2020 del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria. Sin embargo, solo 42 de ellos tienen permiso de exportación de carne. De todas las estancias habilitadas (41 en Santa Cruz y 1 en el Beni), el 62 % pertenece a empresarios bolivianos y el 38 % a capital extranjero, sobre todo de Brasil y en menor medida Argentina. Los bajos costos de la tierra en Bolivia, en comparación con los países vecinos, atraen esta inversión.
Algunos de los negocios manejados por empresas extranjeras se manejan casi en piloto automático, con dueños que no viven en el país y se limitan a recibir las ganancias, como constatamos conversando con administradores vía telefónica.
El 10 por ciento de las estancias que cuentan con permisos de exportación están en manos de grandes grupos empresariales bolivianos, cuyas inversiones no solo están concentradas en la ganadería, sino en otros rubros como medios de comunicación, bancos, productos comestibles o aceites, según consta en un estudio publicado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
El 90 por ciento restante está repartido entre empresarios locales que invierten en vacas, en grandes plantaciones de soja, sorgo y girasol, e incluso en la venta de agroquímicos.
El siguiente eslabón en la cadena son los frigoríficos. Existen más de 100 en el país, pero solo dos cuentan con permisos para exportar a China: Frigor y Fridosa. Estas empresas se han asegurado toda la cadena productiva con destino a uno de los mercados más rentables, considerando el auge de las exportaciones de carne al país asiático.
Frigor pertenece al grupo Monasterio, que es propietario de un banco, un medio de comunicación y es accionista de otras empresas exportadoras de oleaginosas, entre otros rubros. Fridosa es propiedad del ciudadano francés Bertrand de Lassus, quien tiene cuatro estancias habilitadas para la exportación de carne, además de empresas de servicios petroleros, insumos agrícolas y agroquímicos.
Estos dos frigoríficos autorizados para exportar a China usan los puertos de Arica e Iquique (Chile) para salir del continente con la carne y atracar 45 días después en el puerto de Shanghái (China), el más activo del mundo. Allí reciben la carne las empresas importadoras que buscan saciar la demanda de la clase media china que se esmera en reivindicar la era de la carne: la vaca en el plato como estandarte de poder adquisitivo.
Pero, además, venden su producción a otras empresas importadoras de carne en la región. Toda la producción que es exportada proviene de estancias habilitadas para ese fin por el Estado.
Entre el año 2019 y el 2020, el número de estancias habilitadas por SENASAG para sacar carne de res de Bolivia se incrementó en un 44%, pasando de 29 a 42 estancias con pase libre para vender hasta el 2025.
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¿A dónde va la carne?
El Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia indica que, entre 2010 y 2020, la carne boliviana fue exportada a Perú, China, Ecuador, Venezuela y Vietnam.
Y al menos una sexta parte de todo lo exportado en la última década fue a parar a los gigantes de la comida rápida. En el caso de Ecuador, McDonald’s, y en el de Perú, Burger King, así lo indica un diagnóstico elaborado por la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones Santa Cruz (CADEX).
Pero quien realmente está detrás del auge en las exportaciones de carne vacuna de Bolivia, es China. En el 2020, la demanda del país asiático hizo que Bolivia cuadruplicara sus volúmenes anuales de exportación: pasando de exportar 5 mil a 14 mil toneladas.
“El negocio está cerrado entre los frigoríficos y las empresas importadoras alimenticias chinas que comercializan la carne en su país”, explica Javier Landívar, gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). Es un negocio entre privados chinos y privados bolivianos, pero son los propios gobiernos los encargados de poner la mesa para los acercamientos.
Las cifras indican que se trata de un negocio que va en ascenso pero que es asociado por científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil con la deforestación y los incendios forestales de los últimos dos años.
Buscamos a las empresas Fridosa y Frigor para saber cómo evalúan el impacto de sus actividades en los bosques, considerando que ambas manejan estancias ganaderas y a la vez son las encargadas de los frigoríficos, pero hasta el cierre de esta publicación no nos respondieron.
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Los bosques pagan el precio
Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y es el segundo en América Latina, después de Brasil, entre los países que más bosques primarios han perdido en el 2019, según datos de Global Forest Watch. Esta devastación es atribuida ala actividad agropecuaria, especialmente a la ganadería y siembra de soja.
El análisis realizado por FAN indica, además, que Santa Cruz es el departamento que más deforesta: concentra el 75 % de la pérdida de bosque entre los años 1976 y 2019. El siguiente es el Beni con el 6 %, Cochabamba 5 %, La Paz 4 % y, finalmente, Tarija y Pando con el 3 %.
Entre las principales causas para la deforestación en el país, están la producción a gran escala de granos para exportación y para consumo interno, y la ganadería atraída con exportaciones de carne a China, según declaró el año pasado, Victor Hugo Áñez, ex director de la ABT.
Según datos del Centro de Investigaciones del Campesinado (CIPCA), durante la última década se han elaborado normativas “demandadas usualmente por el sector empresarial para fomentar el agronegocio”, que han significado una amenaza ambiental, precisan, por carecer de justificación técnica, avalar el desmonte y promover los incendios.
CIPCA se refiere a tres leyes —337/13, 502/14 y 739/15—, aprobadas entre 2013 y 2015, que fueron criticadas por perdonar la deforestación ilegal causada por algunas empresas y ampliar los plazos para que pudieran subsanar este delito. A esta lista se sumó, en septiembre de 2015, la Ley 741 que autorizó los desmontes hasta en 20 hectáreas en pequeñas propiedades —antes estaba prohibido que sobrepasaran las 5. Finalmente, el 9 de julio de 2019 se aprobó el Decreto Supremo 3973 que permitía la ampliación de la frontera agrícola en el departamento del Beni en tierras de vocación forestal, el mismo que fue derogado cuando se decretó el estado de emergencia nacional por los incendios del 2020.
Para el abogado ambientalista, Diego Gutiérrez, estos decretos y leyes siguen la lógica que señala que para que la tierra sea productiva hay que desmontar y plantar soja o meter vacas. Además, indica el experto, hay un uso político del territorio.
“En el fondo la tierra tiene un componente político muy alto…El MAS ha consolidado su poder político durante todos estos años, precisamente con la posibilidad de distribuir el suelo”, manifiesta el abogado. Por ello señala que es necesario que las Autoridades de Bosques y Tierras sean independientes, “para que actúen acorde a lo correcto y no, por lineamientos políticos”.
Por su parte, el ingeniero forestal e investigador boliviano, con Maestría en Gobernanza Ambiental y Doctorado en Manejo de Recursos Naturales en la Universidad de Friburgo (Alemania), Juan Carlos Montero, detecta cinco factores que promueven la expansión ganadera en la Chiquitanía por sobre la conservación de los bosques: la plusvalía de la tierra (incremento en el precio de las tierras), los beneficios tributarios, las normativas de uso de suelo, el apoyo del gobierno con las negociaciones y las jugosas ganancias. Es decir, hay condiciones dentro de nuestro contexto que promocionan la expansión de la ganadería por encima de la conservación forestal.
Robert Müller, geógrafo y biólogo alemán, quien ha analizado la deforestación en Bolivia durante los últimos 20 años, pone el problema en perspectiva. Para el investigador, como lo indica en un estudio publicado con otros colegas en el 2014, la ganadería desplazó a la soja como la principal causa de deforestación en el 2000. Esta afirmación se evidencia en las cifras: el 60% de la pérdida de bosque entre el 2005 y 2010 fue generado por la ganadería. “Es probable que esta tendencia siguió aumentando, aunque los cultivos agroindustriales también se han expandido de manera acelerada en los últimos años”, señala Müller.
El investigador también explica que “la exportación anual de 10 000 toneladas de carne bovina a China implica aproximadamente una destrucción adicional de unas 100 000 hectáreas de bosque para habilitar pastizales, ya que la nueva demanda de carne se suma a la demanda existente”.
Müller señala que son cuatro los municipios cruceños que albergan 35 de los 42 predios habilitados para la exportación de carne: Pailón, San Ignacio de Velasco, Charagua y El Carmen Rivero Torrez.
“Más del 20% de la deforestación ocurrida en toda Bolivia entre 2013 y 2019 ocurrió en estos municipios. El incremento reciente fue muy grande. Entre 2016 y 2018 se deforestaron 917 mil 215 hectáreas, cuatro veces más que entre 2013 y 2015”, afirma el investigador con datos de FAN.
Estas cifras dan cuenta que el circuito de las vacas no empieza con la adquisición del ternero sino con la tala de un árbol. Por ello, señalan los expertos, el sector ganadero estrechó relación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) desde el año 2014, paradójicamente, la autoridad encargada de velar por los bosques en Bolivia. “El Estado debe seguir asumiendo el reto de ser el viabilizador para que la Frontera Agrícola crezca y para eso se necesita modificar leyes”, declaró el expresidente de Fegasacruz, según consta en el portal de la ABT.
Solicitamos a la ABT datos sobre cambio de uso de suelo, tipos de bosque afectado por la deforestación, impacto de los incendios y extensión de terreno aprobado para uso ganadero. Nos aseguraron que las consultas serían atendidas luego de una revisión técnica pero hasta el cierre de este reportaje no brindaron nada de lo solicitado.
Cuando uno observa la curva de deforestación en el país, encuentra dos picos llamativos, uno a inicios de los 90 y otro antes del 2020. El boom de la agroindustria en la década del 90 y la apertura de mercados ganaderos en el exterior, sobre todo a partir de 2017.
Esta arremetida directa contra los bosques ha implicado afectación y presión constante sobre las áreas protegidas.
Ecosistemas dañados
El Observatorio del Bosque Seco Chiquitano detectó que entre 1986 y 2019, la extensión del territorio con área antrópica (frontera agrícola, ganadera y de apertura de caminos) dentro de áreas protegidas fue de 223 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz.
La mayor pérdida de cobertura vegetal se dio en el Parque Amboró (8,1%), que posee la categoría de protección nacional. A nivel departamental, Lomas de Arena (37,7%) y la Laguna Concepción (26,2%) fueron las más afectadas, mientras que en la categoría municipal las lagunas Esmeralda (49,2%) y Sacuará (37%).
Si este ritmo de devastación continúa, los especialistas del Observatorio estiman que para el 2050 el total de cobertura boscosa en áreas protegidas se habrá reducido a 6,3 millones de hectáreas. Es decir, casi la mitad del total de las áreas protegidas del departamento —11,7 millones hasta el 2019.
“Se está generando el cambio de uso de suelo, no sólo para convertir el bosque en pastura sino también transformando los humedales para abastecer a la ganadería. Una vaca por día necesita 40 litros de agua”, advierte Quintanilla de FAN.
Según una reciente investigación llevada a cabo por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), la situación hidroclimática también es un problema que hay que considerar. Está cambiando en el continente y particularmente en la Amazonía. Una muestra de ello es que en el municipio de Ascensión de Guarayos las precipitaciones anuales han disminuido, entre 1982 y 2018, en un 13% y la temperatura incrementó 0,5 C.
“Esta alteración climática en parte se atribuye al cambio de uso de suelo en el municipio. En este periodo (1982-2018) la deforestación se incrementó de 6 mil a 171 mil hectáreas (23 veces más), impactando y modificando su clima local”, señala el reporte que vislumbra un escenario poco esperanzador. “Al año 2050 Ascensión de Guarayos incrementará su temperatura media anual en 3,4 ºC y reducirá en 34% la precipitación anual (…) La producción agropecuaria será inviable sin riego, por lo que la demanda de agua se incrementará y con ello los conflictos por el agua.”
Al listado de efectos negativos hay que sumar el proceso de habilitación del terreno, en el que no sólo se cortan árboles para poner vacas sino que también se prende fuego a lo desmontado para preparar el suelo y reverdecer los pastos. “Esta práctica avalada por leyes bolivianas resulta incompatible con los escenarios de las últimas décadas, en los que hay cada vez sequías más intensas que producen incontrolables incendios forestales”, señala Marlene Quintanilla de FAN.
Gutiérrez coincide con esta misma lógica. “El desmonte genera residuos y el uso de fuego se usa para limpiar ese rastrojo. La relación es: a mayor desmonte mayor uso de fuego. A mayor uso de fuego, mayor riesgo de incendios forestales”, explica.
Durante los últimos años, Bolivia ha reportado incendios de características catastróficas. El año 2019 la superficie quemada alcanzó los 3.7 millones de hectáreas sólo en Santa Cruz, donde el 60% fue cobertura boscosa. De este porcentaje, el 40% del área perdida era bosque seco chiquitano, el 34% bosque chaqueño y el 10% bosque amazónico, según datos de CIPCA.
El año 2020, la situación no cambió: más de cuatro millones de hectáreas se quemaron en todo el país.
“La pérdida de cobertura vegetal por los incendios forestales está relacionada principalmente con las prácticas agrícolas, nuevos asentamientos rurales, limpieza de cultivos, ganadería extensiva y la expansión de la frontera agrícola”, señala un documento de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, que analiza los incendios durante el último año.
Por su parte, Quintanilla manifiesta que el fuego habilita al final nuevos territorios para el ganado. “Cuando el fuego llega a nuevas áreas que no estaban previstas por los ganaderos o empresarios, ese espacio se convierte en territorio vulnerable para expandir al año siguiente la frontera agropecuaria”.
En este preciso momento la transacción está en curso. El negocio no duerme. El ciclo no cesa. Las vacas comen, engordan, las matan, las empacan, las exportan. Y mientras el modelo agropecuario incrementa sus exportaciones, va dejando a su paso la siguiente interrogante: ¿Quién cubrirá el costo de la pérdida de biodiversidad?
Fuente: Mongabay Latam.
(Esta es una colaboración periodística entre la Red Ambiental de Información (RAI) y Verdad con Tinta)
Descendiente del oso de hocico corto de Florida (Tremarctos floridianus), el jucumari es la única especie de oso que habita en Sudamérica, con presencia en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
Su llegada al continente tuvo lugar en medio del denominado Gran Intercambio Biótico Americano, en el que la fauna terrestre y dulceacuícola migró de América del Norte hacia América del Sur y viceversa, como resultado del surgimiento del istmo de Panamá, el cual terminó de unir los continentes que hasta ese entonces se encontraban separados.
Tras su llegada, el Tremarctos floridianus se vio sometido a la amenaza de carnívoros más grandes que habitaban en Sudamérica, por lo que tuvo que adaptarse para vivir en zonas en las que no debía competir por el alimento para poder sobrevivir. Este úrsido eligió la zona andina, en donde evolucionó hasta convertirse en el oso andino (Tremarctos ornatus), también conocido como oso de anteojos, u oso jucumari en Bolivia.
Libre de amenazas, el oso jucumari logró adaptarse totalmente a las características de su nuevo hábitat principalmente al adecuar su dieta, sustituyendo en gran parte la carne por materia vegetal y frutos de los bosques donde habita . Sin embargo, tres millones de años después, las amenazas vuelven a perseguir al jucumari en las zonas que por millones de años han sido su hogar. Esta vez el depredador es menos robusto, pero más inclemente: el hombre.
La pérdida de hábitat y el cambio climático, son algunas de las amenazas que ponen en peligro la vida del jucumari, el cual cada vez cuenta con menos territorio de calidad para sobrevivir. Estas presiones han obligado a la especie a abandonar su casa y migrar a zonas más pobladas o, por el contrario, las actividades productivas encabezadas por el hombre han supuesto una intromisión humana en las zonas en las que habita el oso. En ambos casos el animal se ha visto expuesto a encuentros más frecuentes con el hombre, los cuales derivan en otro peligro: la cacería.
Conflictos con el oso
“Lo que se sabe de la especie a lo largo de su distribución, es que hay dos factores clave que están disminuyendo su población: la pérdida de hábitat y la cacería”, explica el biólogo y docente de la Universidad Francisco Xavier de Chuquisaca, Mauricio Peñaranda Del Carpio, quien también trabajó en el Programa para la Conservación de Carnívoros Grandes Andinos.
“Cuando combinas estos dos factores, tienes la receta perfecta para que los individuos vayan desapareciendo de los diferentes lugares en los que habitan”, agrega.
A lo largo de su distribución en Bolivia, en las ecorregiones de los Yungas de La Paz y Cochabamba, del Bosque Boliviano-Tucumano, del Bosque Seco Interandino y del Chaco Serrano de Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, el oso ha hecho de reservas y áreas naturales, su hogar. El Palmar, Madidi, Carrasco, Iñao, Amboró, Apolobamba y Tariquía, son 7 de las 12 áreas protegidas nacionales en las que se encuentra.
Pese a que estos lugares están protegidos por ley, como el Reglamento General de Áreas Protegidas, aquello no ha sido impedimento para que el animal sea victimado en las zonas aledañas por conflictos con los pobladores, principalmente a causa de la depredación de ganado y cultivos.
“Aquí, como está dentro de un área protegida, no dejan que las personas lo cacen, pero en los últimos años están habiendo problemas con la ganadería extensiva; el ganado vacuno principalmente”, dice Mauricio refiriéndose al Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) El Palmar.
Aunque los roces entre el oso y el hombre son más frecuentes por supuestos ataques al ganado, un estudio de pregrado realizado por la estudiante Daniela Díaz de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, identificó que en el caso del ANMI El Palmar, el 87% de la dieta del oso está compuesta por la envoltura de los cocos de la palmera (Parajubaea torallyi). El porcentaje restante se divide entre otras especies de plantas, como las bromelias.
Aunque los rastros de carne en su dieta representan un porcentaje poco representativo, ante la muerte del ganado, el veredicto de los pobladores casi siempre es unánime: el oso es el culpable.
El problema de El Palmar se replica en otras áreas protegidas del país, pues al tratarse de un animal omnívoro, si el oso se encuentra con ganado, eventualmente puede alimentarse de este, lo cual genera conflicto con los dueños que proceden a cazarlo en represalia.
Entre el 2018 y el 2020, el Parque Nacional y ANMI Serranía del Iñao se ha convertido en el escenario de la cacería de tres osos. En las tres ocasiones el verdugo fue el mismo y el justificativo también: represalia.
“En el año 2018 se dio la primera denuncia. En esa oportunidad se había victimado a dos osos jucumaris. Eso fue el 13 de abril de 2018 en la comunidad de Peña Blanca en el municipio de Padilla”, explica con tono pausado el director del Iñao, Guido García Carvallo.
Aunque el evento no había ocurrido en el interior del parque, el funcionario actuó de acuerdo a lo que consideraba “correcto”, presentando el informe a las autoridades competentes para que llevaran el caso.
El hombre, Pánfilo P., quien había acabado con la vida de esos dos osos, argumentó que había actuado en represalia porque había encontrado a los jucumaris comiéndose a su ganado.
Pese a las denuncias y procesos iniciados contra el sindicado, sus acciones no tuvieron mayor consecuencia que una llamada de atención.
El 22 de junio de 2020, en los alrededores del Iñao, se lamentaba una nueva pérdida a manos de Pánfilo P. bajo la misma excusa: represalia.
En esta oportunidad el caso fue atendido por el Ministerio Público y derivado a la fiscalía del municipio de Padilla según la jurisdicción, sin embargo, tanto el director del Iñao como el director de la Dirección de Medioambiente de la Gobernación de Chuquisaca, Iván Albis, desconocen el estado en el que se encuentra el proceso.
Matar un oso en Bolivia es un delito que puede sancionarse con hasta seis años de cárcel, de acuerdo con el artículo 223 del Código Penal, sobre Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional.
Estos casos se suman a uno anterior, del año 2014, en el que una familia del municipio de Villa Vaca Guzmán había matado a un oso que había ingresado a su propiedad. García asegura que encontraron la piel del animal, pero no presentaron la denuncia porque había sido en defensa.
“Obviamente el oso sale del área protegida, porque está en su lugar”, asegura el director.
Los bosques son la casa del oso y el animal desconoce de leyes, decretos y áreas protegidas, este se desplaza para conseguir alimento, aunque esto muchas veces, pone en riesgo su vida.
Los intrusos son otros, quienes llegaron a aquellos bosques millones de años después bajo la promesa de hacer de la ganadería y de la tierra la base de su desarrollo económico, aunque aquello implicaba entrar a la casa del jucumari sin pedir permiso y sin pedir perdón.
‘’La gente le echa la culpa al oso’’
Los escenarios son diferentes, pero la realidad es la misma. Viviana Albarracín Dávalos, ingeniera en ecología y medioambiente, ha trabajado en el conflicto del hombre con el oso andino en el departamento de La Paz, e indica que las zonas de Inquisivi y Apolobamba se han convertido en campo minado para la especie a causa de los conflictos, tanto por ganadería como cultivo.
El estudio de pregrado denominado “Percepción actual de los pobladores locales del cantón Lambate sobre el jucumari”, llevado a cabo por Albarracín en el año 2010, concluye que se percibe al jucumari como culpable directo por cualquier desaparición o muerte del ganado, sin siquiera verificar el hecho.
La investigadora pudo registrar al menos 8 casos de cacería de osos en el departamento de La Paz entre 2006 y 2020. Uno de los casos más “preocupantes” para la investigadora, fue uno registrado en la comunidad de Chuñavi, donde en el año 2006 los pobladores mataron a un oso y a un osezno. El cuero de ambos animales colgaba en las paredes como prueba del crimen. Sin embargo, los registros orales, de los que no se tiene prueba alguna, son mayores, pero no se los conoce por falta de estudios y recursos para la recopilación de datos sobre la especie y la cacería en sí; una realidad que es similar en otros países en los que habita la especie, como Perú
Herminio Ticona Huallcho, responsable operativo y logístico de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), asegura que del 2010 al 2019, según reportes orales de la gente, se mataron entre 10 y 15 osos sólo en el área de Pelechuco, en la zona del parque Apolobamba.
Ticona, desde el otro lado del auricular, relata que al tratarse de zonas montañosas, el ganado también suele despeñarse, quedando el oso exento de culpa sobre la muerte, aunque su instinto lo llevará a alimentarse del animal igualmente. Pero para los pobladores el culpable siempre será el oso, por lo que toman represalias en su contra de igual manera.
“Si los pobladores sueltan a los animales en el bosque para alimentarlos, ¿quién está invadiendo a quién?”, cuestiona Ticona. “Antes este lugar estaba deshabitado, era tierra de osos, ¿quién es el intruso?”, vuelve a preguntar el hombre que lleva 22 años, más de la mitad de su vida, trabajando en la zona.
El escenario se repite en Tarija en las diferentes zonas donde habita el jucumari: un animal fornido de piel negra, anteojos amarillentos y ojos profundos como la noche.
“Aquí tenemos muchos casos en los que la gente le echa la culpa al oso, pero nadie lo ha visto matar al ganado. Puede que sí haya comido alguna vaca, porque en la zona muchas veces se despeñan y mueren a causa de eso, pero eso no significa que el oso la haya matado”, explica la bióloga Ximena Vélez-Liendo, quien es Conservation Fellow del Wild CRU de la universidad de Oxford y directora del Programa para la Conservación de Carnívoros Grandes Andinos.
Si bien el trabajo de Vélez-Liendo en los últimos años se ha centrado en promover alternativas económicas fuera de la ganadería en las zonas donde habita el jucumari en Tarija, así como en educar a los pobladores respecto al oso andino, evitando de manera contundente nuevos casos de cacería por represalia en la zona, hasta el año 2016 la realidad era diferente.
Un estudio realizado por Vélez Liendo junto a la ONG Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA) en el año 2010, reveló que se mataba un oso cada dos años en cada comunidad. Teniendo en cuenta que el jucumari habita en al menos cinco comunidades del Departamento de Tarija, entre 2010 y 2016 se mataron aproximadamente 15 osos.
El caso más reciente de cacería en Tarija tuvo lugar en el año 2019, en una comunidad en la que el Programa liderado por Vélez Liendo recién empezaba a trabajar.
“Ellos decían que preferían matarla, a que luego ella los mate”, explica Ximena sobre este caso que si bien no estaba relacionado a la cacería por conflicto, de todas formas terminó llevándose la vida de un osezno o cría de oso.
Para la bióloga, la cacería, sin importar el número de casos, afecta “de gran manera” a la población de osos, puesto que se trata de animales grandes, que son solitarios y naturalmente las densidades son bajas, pues se conoce que en el continente existen entre 18.500 y 20.000 individuos de oso andino. Además, la cacería por retaliación es una amenaza identificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN por sus siglas en inglés) y el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia.
Aunque no se tiene datos exactos sobre la población de osos en Bolivia, una estimación realizada por Ximena Vélez Liendo de acuerdo a la calidad del hábitat, determinó que las fronteras nacionales albergan alrededor de 3.000 individuos adultos.
En el Parque Nacional y ANMI Madidi, según registros del guardaparque Diego Aliaga, entre 2010 y 2018 se han matado a 3 osos como consecuencia de los conflictos entre el oso, el ganado y los pobladores. Por su parte, en el municipio de Colomi, en Cochabamba, se ha registrado un caso en el año 2020, según reporta el exjefe de protección del parque Carrasco, Roberto Portuguez.
En el año 2018, la localidad de Lambate, en el municipio de Irupana del departamento de La Paz, fue testigo de un caso que llegó a viralizarse en las redes sociales, ya que los cazadores subieron una foto con el oso victimado en sus brazos. Fue uno de los casos de cacería más resonado en el mundo virtual, pero aún así, no fue el último.
Este reportaje encontró que en los últimos 14 años, al menos 36 osos han sido víctimas de la cacería por represalia, eso sin contar los casos de Apolobamba, de los que sólo se tienen registros orales informales, pero con los que se superarían los 50 casos.
Julia Quiroga, bióloga afiliada del Museo de Historia Natural “Alcide d’Orbigny”, reconoce que uno de los principales problemas es la falta de estudios sobre el oso, así como la falta de datos precisos sobre la cacería. Sin embargo, la experta, tanto como sus colegas, coinciden en que esta es una amenaza significativa teniendo en cuenta la densidad de osos en el país y su baja capacidad de reproducción.
Editor: Jesús Vargas Villena
Comic: Glenda Flores Roman
Perseguido. Josué salió con una pequeña mochila a cuestas sin saber si habría retorno o no, pero había que hacerlo; su vida y la de los suyos estaba en riesgo.
Acarigua ya no es la misma ciudad de hace 17 años, aquella atractiva urbe del estado de Portuguesa en Venezuela, perdió el encanto que la llevó a ser uno de los polos del desarrollo de ese país con modernos centros comerciales, universidades y espacios de esparcimiento.
“Las calles ahora están vacías”, revela Josué, antes de iniciar a relatar la travesía de su historia, una que se prolonga ya por dos años.
A 5698 kilómetros de Acarigua, en octubre de 2020, Josué se encuentra en un pequeño hospedaje en la ciudad de Tarija, al sur de Bolivia, aún incrédulo por todo lo que tuvo que caminar hasta ahora.
Josué dejó las botas militares el 2013, decisión que lo llevaría a salir definitivamente de su Venezuela natal. La determinación le costaría caro, pues su propia vida y la de los suyos entraría en juego.
“Yo pertenecía a un grupo de las Fuerzas Armadas, era funcionario de la Guardia Nacional”, recuerda el hombre de 33 años, piel canela y ojos intensos, como el ron bien cargado.
Si bien la vida militar era relativamente cómoda en comparación con otros sectores sociales, Josué no se sentía tranquilo con lo que veía, pero especialmente con lo que pasaba.
“Nos daban órdenes de reprimir a las manifestaciones, no teníamos la libertad de tomar la decisión si debíamos actuar de manera pacífica o con violencia; eso lo decidían ellos”, lamenta.
La orden siempre era la misma: reprimir con violencia.
La situación hizo que pensara en pedir su baja; sin embargo, esa no era una opción válida en las Fuerzas Armadas de Venezuela. “Todo tipo de deserción era considerada como traición a la patria”, explica Josué, quien estuvo dos años solicitando la baja sin obtener la respuesta esperada.
Su boleto de salida de la institución llegó cargado de dolor. Durante el 2013, en medio de las represiones que vivió su país aquel año, una bala perdida lo hirió cerca del fémur. Las acciones del Gobierno Nacional esta vez lo favorecerían.
Según la ley venezolana, el Gobierno debe cubrir el seguro médico de sus funcionarios, en este caso, para evitar esa responsabilidad, accedieron a darle su baja.
“La acepté obviamente, lo que quería era salir de ahí”, confiesa al admitir que prefirió dejar de lado el seguro médico a cambio de obtener la baja médica, sin que se le culpe o inicie proceso por “traición a la patria”.
Apenas empezaba a acomodarse a la vida civil, cuando en el 2014 recibió un correo que le erizó la piel: la Guardia Nacional lo convocaban a reintegrarse. Con cartas, correos y llamadas, solicitaban que se presentara en el circuito más cercano. Ante la falta de respuesta de Josué, las solicitudes pasaron a ser personales.
“Yo tuve que sufrir la pérdida de dos familiares por la escasez de medicamentos y un primo pequeño por falta de alimento”
Josue
La Guardia Nacional le había realizado seguimiento, constatando que ya se había recuperado de la lesión que tenía, por lo que estaba apto para reasumir funciones en las milicias. No había excusa.
Josué tuvo que presentarse y fue ahí que se armó de valor e hizo valer su baja médica, ganando tiempo a su favor.
La calma duraría poco, la presión volvería a tocar a su puerta. El nuevo llamado a reincorporarse tuvo lugar cuando el ex policía Óscar Pérez, lideraba un movimiento subversivo en contra del Gobierno de Nicolás Maduro Moros.
Por esta situación, convocaron a personal activo e inactivo a presentarse para formar parte de la guardia de los ministros, especialmente de Defensa.
Pérez murió el 15 de enero de 2018, a los 36 años, en medio del asalto de las fuerzas armadas en la operación “Gedeón” en las afueras de Caracas. “A él lo asesinaron”, asegura Josué.
Tras este episodio, las presiones se hicieron más fuertes. “Amenazaron a mi familia, les dijeron que la deserción era traición a la Patria”.
Con los primeros arrestos a los militares que habían pedido la baja, Josué decidió dar el siguiente paso y salir del país, en un viaje largo, pero en el que no lo acompañarían las botas militares.
“En ese caso no fue muy difícil la determinación, porque ya estaba la crisis de alimentos, los productos de la cesta básica escaseaban, y desde ese punto, todo fue decayendo de una forma rápida”, recuerda.
Su vida se redujo a una mochila, tres mudas de ropa y algunos ahorros para salir de casa, sin pasaje de retorno. Salió solo, sin tiempo. De hecho, el tiempo era lo único que lo separaba de los barrotes o quién sabe qué.
En Acarigua, Josué no solo dejaba su casa y demás proyectos, sino que ahí quedaba su pequeño, que en ese entonces tenía apenas tres años.
La salida imprevista se debía a que ya habían iniciado los arrestos a los “desertores”. Aquel camino desde su casa a la frontera, para Josué, pasó en cámara lenta.
“Hasta llegar a la frontera fue como vivir un nervio, una especie de película”. Mientras recuerda, cambia el semblante de su rostro.
Para su fortuna, en la frontera le sellaron el pasaporte, no hubo mayores problemas, ni apareció en el sistema.
Aunque más que suerte, esta situación tiene una explicación. En realidad las persecuciones dentro de los cuerpos militares no aparecían en los sistemas oficiales, al ser irregularidades que ponían en jaque su propia Constitución. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, y debía permanecer en el anonimato.
Josué logró pasar la frontera con su mochila en la espalda, aquella que además de las tres mudas de ropa, se hacía campo para la esperanza.
Se fue a Colombia, donde lo que conseguía juntar, Josué lo enviaba como remesa a su familia. Pero poco después decidió volver a su ciudad natal por un paso ilegal para sacar a su esposa e hijo, encontrándose con un panorama desolador. “Las calles estaban vacías”, dice con resignación.
Hoy, Josué sabe que su ciudad está peor que cuando la dejó por última vez. La gente come basura. Los niños mueren en los hospitales por desnutrición.
“Yo tuve que sufrir la pérdida de dos familiares por la escasez de medicamentos y un primo pequeño por falta de alimento”, cuenta todavía impresionado, guardándose las ganas de llorar para otro momento.
No pudo traerse a su familia consigo, la persecución hacia él como ex funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana era más fuerte y tuvo que salir por otro paso ilegal
La travesía a pie por Sudamérica inició en Colombia, país donde se congrega la mayor cantidad de venezolanos.
“Al ver tanta población venezolana en un país, eso empieza a crear problemas, dificultad de trabajo, con las leyes; por ejemplo, en Migración e Interpol, nos limitan mucho”, confiesa.
Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, Santa Marta y Cartagena son las ciudades que recorrió a pie sin tener mucha suerte y prácticamente sin poder trabajar.
“Caminar y pedir cola (hacer dedo) para llegar a un mejor lugar”, era la consigna en estas caminatas de ciudad en ciudad.
Ante el complejo panorama, decidió seguir su camino por Ecuador, pero se encontró con un contexto casi similar. Pasó por Tulcán, Guayaquil, Quito, Santa Elena y Quevedo, sin lograr tener un empleo estable pese a sus intentos.
Siguió su camino por Perú, donde conseguiría un trabajo en una empresa de transporte de carga que le permitía ayudar a su familia, pero cuando parecía que Josué se estabilizaba en ese país, aparecían más sorpresas. Su jefe había sido sancionado por contratar a una persona extranjera que se encuentra de manera ilegal, poniendo así fin a su trabajo y su estadía en Perú.
Otra vez la caminata. Esta vez partió rumbo a Chile, donde estuvo por corto tiempo y de ahí emprendió rumbo a una nueva frontera.
Tierra de nadie
Llegó junto a otros venezolanos que había conocido en el camino al límite entre Perú y Bolivia, donde las puertas de ambos lados se les cerraron, quedando en un limbo en el que no les permitían ingresar a Bolivia ni regresar a Perú. Estaban en tierra de nadie. Una tierra donde además, nadie les decía nada, nadie quería saber nada. Reinaba el silencio y el desconocimiento.
Finalmente, las autoridades bolivianas “se compadecieron”, según relata Josué, dejándolos pasar con la condición de que se presentaran en La Paz ante las autoridades competentes. Era febrero de 2019.
“Hicieron una carta de la forma en que ellos manejan las leyes y nos presentamos en La Paz”.
Ya en la Sede de Gobierno, hizo la solicitud de refugio con el apoyo de Caritas dirigida a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).
Aunque la salida de Josué de Venezuela fue en medio de una situación que visiblemente lo ponía en necesidad de la protección de refugio, él desconocía el procedimiento para hacer la solicitud en frontera. Mientras, en las oficinas migratorias de Desaguadero, nadie estaba dispuesto a recibirle la solicitud.
Para Henry Viscafé, asesor legal de fundación Munasim Kullakita, una de las organizaciones que trabaja brindando apoyo legal y psicosocial a migrantes venezolanos en Bolivia, uno de los problemas radica en que tanto quienes ingresan al país, como los funcionarios que los reciben, desconocen los procedimientos, especialmente cuando se trata refugio. Esto lleva a que se vulneren sus derechos desde el momento que ponen un pie en el país.
Pese a que la solicitud de refugio se puede hacer en cualquier frontera del país, e inclusive de forma verbal, los funcionarios le pedían a Josué una carta de solicitud para recién permitirle el acceso, lo cual, según Viscafé, es “totalmente ilegal”.
Según la Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas, una vez expresada la intención de recibir refugio, por el principio de no devolución, el funcionario de migración tiene la obligación de permitir el acceso. En Desaguadero no lo hacían.
Ante el aumento “significativo” de la población de interés y en particular las nuevas solicitudes de asilo, a partir de 2019 la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), amplió su capacidad operativa en el país.
Según explica Stephanie Rabi, asistente de comunicación de la Acnur, lo hicieron “mediante acuerdos con nuevos socios, a fin de brindar asistencia y protección no sólo en las principales ciudades como La Paz y Santa Cruz de la Sierra, sino también en la frontera, con la implementación de un Punto de Atención y Orientación (PAO) en Desaguadero”.
En 2019, cuando Josué llegó al país e inició el trámite de refugio en la ciudad de La Paz, era el partido de Evo Morales, aliado de Nicolás Maduro en el continente, quien se encontraba en el poder. Hasta aquel entonces, Bolivia refugiaba a 57 personas venezolanas, 27 mujeres y 30 hombres. Solo en 2019, el país había recibido 428 solicitudes de refugio por parte de ciudadanos venezolanos, de las 848 que recibió entre las diferentes nacionalidades.
Hasta 2019, Bolivia había concedido el refugio a 57 ciudadanos venezolanos.
Entre las solicitudes presentadas aquel año, se encontraba la de Josué que, al igual que otros, cumplía con todos los requisitos para recibir el refugio, pero a quien, como a muchos otros, mantenían en vilo, sin respuesta alguna.
Durante los 14 años que Morales ocupó la presidencia, entre 2005 y 2019, su gobierno evitó cautelosamente emitir comentarios sobre la crisis humanitaria en Venezuela, evitando también participar en bloques como el denominado Grupo de Lima, debido a su “afinidad política” con el mandatario venezolano, según señala la prensa internacional.
Si bien el entonces presidente Evo Morales declaró en reiteradas oportunidades que Bolivia recibía con los brazos abiertos a los migrantes venezolanos, al tiempo que no se expresaba en contra de los refugiados, las solicitudes que hacían estos últimos para acceder al estatus, no prosperaban.
El responsable de la Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, Aldo Cortés Millar, así como el abogado Henry Viscafé, confirman que las solicitudes “directamente no se procesaban”. Aquello, significaba desconocer las leyes internas sobre refugio, así como los tratados internacionales a los que Bolivia pertenece y que garantizan el refugio a quienes lo necesitan.
“Hasta el año pasado, entre noviembre y diciembre, incluso hasta enero de este año, no se había dado ninguna resolución de condición de refugiado”, explica el abogado, “prácticamente les negaban”, agrega. Viscafé detalla que fue recién durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez Chávez, con una visión contraria a la de su antecesor, que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) empezó a recibir y aprobar más solicitudes.
“Yo tengo trámites de cerca de 20 personas que ya tienen la condición de refugiado”, dice el abogado con satisfacción.
Aldo Cortes Millar, desde su oficina en la Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de La Paz, asegura que este 2020 ha habido una cantidad importante de solicitudes aprobadas, en relación a años anteriores. “En la anterior gestión directamente no se admitían solicitudes de refugio… según el criterio que aplicaba la Conare, no había causal de refugio”, explica.
Este 2020, entre enero y junio, se aprobaron 176 solicitudes de refugio de solicitantes de nacionalidad venezolana, según informa la asistente de comunicación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Stephanie Rabi. Solo en el primer semestre de 2020, se ha triplicado el número de refugiados de nacionalidad venezolana reconocidos por el país.
Además, según datos oficiales proporcionados por las autoridades de la Acnur, entre enero y junio de este año han recibido 683 nuevas solicitudes para acceder a la condición de refugiado de personas de nacionalidad venezolana, lo que representa un ascenso de un 113% en las solicitudes en relación al mismo período de 2019. Aquellos datos se encuentran también en su informe estadístico de mediados de 2020.
El giro de la política de refugiados se habría dado durante el Gobierno transitorio, cuando Bolivia confirmó su ingreso al Grupo de Lima el 22 de diciembre de 2019, sumándose así a la lista de países que hacen seguimiento y buscan una solución pacífica a la crisis en Venezuela.
Aunque el cambio en la política de refugiados había sido notorio, Bolivia tampoco se había convertido en el paraíso de los migrantes, pues el propio Josué asegura que las autoridades migratorias los persiguieron, acosaron en las calles y vulneraron sus derechos, tanto en el gobierno de Añez como en el de Morales.
Otra cosa de la que Josué está seguro, es de que la coyuntura en la que llegó al país le jugó en contra. Llegó en un tiempo en el que las solicitudes no se recibían y no se procesaban, según explican las organizaciones que trabajan en la materia y según dan testimonio quienes enviaron sus solicitudes en aquel entonces.
De acuerdo a la Ley 251, una vez recibido el trámite de solicitud de refugio en la Conare, ésta otorga una permanencia temporal de hasta 60 días a los solicitantes. En ese mismo periodo de tiempo, la institución deberá procesar la solicitud y aprobarla o rechazarla.
Ha pasado más de un año y medio desde que Josué ingresó su solicitud. Hasta la fecha, no ha recibido respuesta alguna sobre la misma, lo que lo deja no sólo desprotegido, sino vulnerable ante su permanencia irregular en el país.
¿Se perdió?, ¿se traspapeló?, ¿no la procesaron?, ¿la rechazaron? Esas son algunas de las preguntas que quedan en el aire para él.
Por ley, la instancia a través de la cual se tramitan las solicitudes de refugio, es la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de La Paz. Para Aldo Cortés, responsable de la Unidad de Movilidad Humana, esto es un problema.
Para quienes por uno u otro motivo deciden abandonar la ciudad de La Paz, hacer seguimiento o ingresar una solicitud desde otra ciudad, es inviable.
De momento, su situación continúa siendo irregular. “Cada vez me detienen los de Migración o Interpol; entiendo el trabajo de ellos y lo respeto de verdad, pero yo también tengo que hacer mi parte”, se sincera. Vive con el miedo de ser llevado a la fuerza hacia la frontera, como le sucedió a otros compatriotas suyos.
Pese a todo, en Tarija asegura haber encontrado la estabilidad que buscaba: algo tan simple como tener un lugar al que llegar, una cama donde dormir y buscar un trabajo con más tranquilidad; sin el estrés de dormir en la calle.
Ha hecho una rutina y sus amigos son su nueva familia. Compra tequeños a Carlos, comparte bromas con Mónica y mira con ternura a los niños que rodean los lugares que frecuenta, recordando a su hijo de ahora 6 años, en un viaje que lo ha llevado por cuatro países y miles de kilómetros, pero con quien espera reencontrarse una vez que halle una vía para regularizar su situación. Eso sí, el reencuentro será en Bolivia.
Un ángel en verde olivo
Carlos y Josué, aparte de compartir la misma nacionalidad, tradiciones, costumbres y el afecto por la textura hojaldrada de aquellos rollitos de queso venezolanos llamados tequeños, comparten una historia marcada por los kilómetros andados y por los segundos que los dejaron sin aliento a lo largo del camino y a ilusión de seguir adelante bajo el manto de la rojo, amarillo y verde.
Carlos ingresó al país por Desaguadero, frontera de Bolivia con Perú, acompañado de su esposa y sus dos hijos. Como no contaban con todos los documentos que les pedían para el ingreso, la familia tenía temor de no poder pasar al país, afrontando el riesgo de quedar en el limbo de las silenciosas fronteras, como les había pasado a otros, incluido Josué.
Un “ángel” vestido de uniforme, no permitiría aquello. La familia había conocido a un policía que estaba al tanto de su situación y de las dificultades que atravesaban. El hombre, arriesgando su propio puesto laboral, decidió calzarse el uniforme, recoger a la familia en su vehículo personal y ayudarlos a atravesar los controles hasta llegar a la ciudad de La Paz. Aunque la frontera había quedado atrás, en la Sede de Gobierno la batalla por el refugio recién empezaba.
“Te piden evidencias”, cuenta Carlos respecto a la solicitud de refugio que le fue negada por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en Bolivia.
“¿Cómo una persona que sale escapando de su país, puede presentar pruebas?”, se cuestiona. El responsable de la Unidad de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo, Aldo Cortés, reconoce que eso es lo más “complicado” del proceso, pero también sabe que hay quienes apelan al refugio como una forma desesperada por regularizar su situación. “Cada caso es particular”, asegura el funcionario.
Carlos solicitó su refugio en octubre de 2019, pero le fue negado. Hizo un segundo intento a principios de 2020 para apelar la determinación, pero no pudo llegar a tiempo a La Paz desde Tarija, por la cuarentena rígida que ya regía en el país debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.
Si bien la Conare estableció mecanismos “online” para atender los casos durante la pandemia, el funcionario del Defensor del Pueblo explica que ni ellos sabían que éstos estaban vigentes.
La pandemia y la cuarentena estricta no fueron motivo suficiente para que les ampliaran el plazo, por lo que perdieron su oportunidad de apelación.
“Para ellos tienes que ser perseguido político para obtener el refugio”, se lamenta Carlos.
Para ellos esta calificación es “injusta”, pues no todos sus compatriotas salieron de su país por persecución política, sino por hambre.
De acuerdo a la Declaración de Cartagena, tomando en cuenta la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, “se considera también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
El hambre atentaba contra su vida y la de los suyos. Carlos y su familia también necesitaban refugio, y la Declaración de Cartagena los amparaba.
Al igual que Josué, no obtuvo el refugio, aunque sí pudo conseguir una visa de trabajo en el país gracias a una persona boliviana que hizo de garante para la tramitación del documento; algo que para la mayoría de los migrantes es “imposible”.
“Pudimos sacar una visa accesible de mil y algo”, recuerda con cierta calma.
Además de pagar la visa, debían depositar Bs 600 por cédula en el Servicio General de Identificación Personal (Segip), lo que equivale a 86 dólares por documento. “Ese costo es para que te impriman un plástico”, critica todavía incrédulo.
A Carlos no le termina de cuadrar el por qué los migrantes de otros países del continente que no sean del Mercado Común del Sur (Mercosur) deban pagar por una visa de trabajo con precios que van desde los dos mil hasta los tres mil bolivianos. “Como si viniéramos de Arabia Saudita”, ironiza.
Además, el plazo es corto, pero las exigencias son “bastante” morosas y burocráticas.
“¡Arepa, arepa! ¡Lleve sus ricas arepas!”, ese es el grito de Carlos por las principales calles del centro tarijeño, siempre acompañado por sus dos hijos, uno vestido de Mario Bros y el otro de Luigi, los pequeños saltarines que acompañan a sus padres en esta gran aventura.
A este dinámico grupo se une su esposa, quien se encarga de las finanzas del pequeño negocio callejero. Esta aventura los lleva a miles de kilómetros fuera de casa, pero se mantienen unidos y fuertes con la esperanza de seguir subiendo de niveles en esta carrera por la vida.
Aunque el refugio no fue una posibilidad para Carlos, la esperanza para otros ha aumentado a lo largo de 2020, donde solo hasta junio han aprobado 176 solicitudes a sus compatriotas.
Refugio, pero sin salvación
Sonia lleva poco más de un año en Bolivia, donde vende barbijos y dulces cerca a la iglesia San Francisco de la ciudad de La Paz, uno de los puntos más turísticos de la urbe paceña, aunque por ahora son pocos los turistas que recorren el lugar a causa de la pandemia.
Hambre y miedo: esos fueron los factores decisivos para que emprendiera un viaje de miles de kilómetros hasta Bolivia.
“Patética. No hay qué comer. No hay nada”. Así describe la vida en Venezuela, aunque aclara que no fue solo el hambre lo que la impulsó a dejar su país, sino el temor por su vida; en especial por la de su esposo. Él era perseguido por las autoridades venezolanas por los manejos que realizaba dentro del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) de su localidad; instancia encargada de distribuir y garantizar los alimentos de primera necesidad que subsidia el Estado a precio controlado.
“A mi esposo lo golpearon”, cuenta Sonia.
En medio de detenciones y arrestos a amigos que regalaban las cajas al igual que su esposo, Sonia, Miguel Ángel y sus dos hijos, decidieron salir del país con un rumbo fijo: Bolivia.
El 2019, cuando la familia llegó al país, Evo Morales se encontraba en la presidencia. Aunque sabía que aquello podía ser un inconveniente para solicitar el refugio, porque se lo habían comentado otros compatriotas que habían intentado obtenerlo, los motivaba el hecho de que una prima de su esposo ya se encontraba en el país. La sensación de tener una familia los reconfortaba.
Llegando a la ciudad de La Paz, a 4000 metros sobre el nivel del mar la brisa fresca de la altura se tradujo en aires de esperanza, pero pronto ese soplo de ilusión sería asfixiado por la burocracia que intentaba sofocar sus sueños.
Tras haber llegado al país, con el apoyo y orientación de Munasim Kullakita Sonia inició su trámite de solicitud de refugio. Aunque iba cargada de ilusión, el primer encuentro con los funcionarios de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), no fue grato. “Me rompieron los papeles en la cara”, dice la mujer de 29 años y madre de dos niños.
Un funcionario de la Conare le aseguró que no se aprobaban esos trámites y que era una pérdida de tiempo. Acto seguido rompió los papeles, rompiendo con ellos también su ilusión.
Incrédula, se puso a llorar sin poder acudir a las autoridades de Bolivia, pero tampoco a las de su país. Estaban solos.
Aldo Cortés, desde su oficina en la Defensoría del Pueblo en la ciudad de La Paz, explica que el rol de la embajada venezolana en el caso de los refugiados es nulo, bajo el entendido de que los solicitantes están saliendo de su país porque ha habido una vulneración que ha puesto en riesgo su integridad.
Aunque por aquel entonces se encontraba como embajador Winston Flores, delegado por Juan Guaidó para representar a su país durante el gobierno transitorio de Añez en Bolivia, el resultado era el mismo. Su presencia para los refugiados era únicamente simbólica, pues el propio Flores había salido de su país perseguido por Maduro y no tenía contacto con las autoridades gubernamentales de su país. Su presencia era un símbolo de que la relación de Maduro con las autoridades del país se había acabado, al menos durante el Gobierno transitorio. Nada más.
Sonia presentó sus papeles cuatro veces. No estaba dispuesta a darse por vencida. “Le rogué que se apiade de mis hijos”, asegura. La cuarta vez que acudió a la oficina, un nuevo funcionario ocupaba la silla y accedió a recibir los documentos, otorgándole posteriormente la permanencia temporal por el tiempo que dura el trámite: 60 días. Era diciembre. Evo Morales había salido del poder.
“Volví a las oficinas en marzo, porque el documento temporal ya estaba vencido y yo quería renovarlo”.
Sonia regresó a la Comisión Nacional de Refugiados, aunque confiesa que acudió con miedo a que no le renovaran los papeles. Miedo al rechazo, miedo al silencio, miedo a la expulsión. La lista de miedos era incontable en su cabeza.
En el primer semestre de 2020 se otorgó la condición de refugiados a 176 ciudadanos venezolanos
Cuando llegó a la Conare, le informaron que no podían renovarle el permiso temporal. ¿El motivo? Su solicitud de refugio había sido aprobada. Efecto inmediato, desde aquel día de marzo, ella y su familia eran refugiados del Estado Plurinacional de Bolivia.
Según relata, fue una de las primeras personas a las que le aprobaron el refugio durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. A ella y a su familia le siguieron otras 172 aprobaciones hasta junio de 2020, triplicando el registro de refugios vigentes de ciudadanos venezolanos hasta marzo de 2020, según detalla el informe de la Organización de Estados Venezolanos, denominado “Situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia.
Sonia estaba llena de preguntas, ¿cómo lo había logrado? Según relata, el funcionario había metido su solicitud y la llegada de un gobierno que no era aliado de Maduro, se había encargado del resto.
“Cuando lo pedí y estaba Evo, nos rompieron el papel en Conare”, insiste la mujer. “En mi cara”, agrega haciendo gala de su acento caribeño en cada sílaba.
“Una vez entregada la condición de refugiado, esta es intransferible, inapelable y la ley no permite que se les quite esa condición”, explica el abogado Henry Viscafé. Sonia está a salvo, pero tanto ella, como los organismos que trabajan asesorando a quienes buscan refugio en el país, temen por el futuro de nuevos solicitantes, tras el retorno del partido aliado de Maduro al poder.
Tras enviar tres cartas de solicitud de entrevista, la Comisión Nacional de Refugiados no dio mayor respuesta que un “RECIBIDO”, a través de un correo electrónico enviado el 19 de noviembre. En los 60 días que tomó la producción del trabajo periodístico, tres personas pasaron por la presidencia de la institución, obligando a ingresar una nueva solicitud de entrevista en cada cambio. Ninguna dio respuesta.
En tres semanas que lleva Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo en el poder, no solo las organizaciones que asesoran a los solicitantes de refugio han dejado de recibir aprobaciones de refugio, sino que, según relatan ciudadanos venezolanos al abogado Henry Viscafé, las nuevas autoridades han dejado sin efecto resoluciones que facilitaban su regularización migratoria.
La resolución en cuestión es la 148/2020, que reconoce la identidad de los niños venezolanos con la presentación de documentos supletorios como una fotocopia simple de su certificado de nacimiento o el documento vencido, la cual también contempla a sus padres o tutores legales.
María Luisa Calleja, responsable de comunicación de la Dirección General de Migraciones, confirmó vía telefónica que dicha resolución está “en pausa”. La funcionaria aclara que si bien la resolución continúa vigente, no se está aplicando debido a que se encuentra en análisis por parte de las nuevas autoridades migratorias.
“Al ser su alcance sólo para ciudadanos de nacionalidad venezolana, se presentaron casos de niños que nacieron en el trayecto y no en Venezuela, por tanto se analiza cómo cubrir a los menores de padres venezolanos nacidos en otros países”, explica. Además, agrega que también se está estudiando su impacto en la trata y tráfico, ya que facilita que los adultos puedan ingresar al país con niños sin documentos.
Para Sonia, Bolivia se ha convertido en el país de la esperanza gracias al refugio. Sin embargo, su situación no ha mejorado pese a tener una permanencia legal en el país. Ella, su esposo y sus hijos, viven en un departamento de un solo cuarto que comparte con otras dos familias. Son once personas en un espacio diseñado para tres.
Duerme en el piso, sin colchón y cocina en una cocinilla prestada por una organización. La comida, algunos días, sólo alcanza para sus hijos. Con devota conciencia, sale diariamente a vender barbijos y dulces a San Francisco, pero el dinero no siempre da para alimentar a todas las bocas. Las de los más pequeños son prioridad.
“A veces pienso que estaría mejor allá, al menos con mi familia”, dice recordando a su padre de 63 años, a quien extraña y lamenta no poder ver ni traer por falta de dinero. Hace una pausa y se retracta: “allá probablemente mi esposo estaría muerto o preso”.
Para la mujer de tez canela y cuerpo curvilíneo, resulta inimaginable pensar lo difícil que es la vida para los venezolanos que están de forma ilegal en el país. Para ella, con refugio y todo, la vida en Bolivia no es fácil y el dinero no rinde. Está legal, pero no está mejor. Contrario a lo que piensan quienes lo solicitan, el refugio no es precisamente una salvación. Tal vez los salve del peligro, pero no de la burocracia ni del hambre.
Esta publicación se ha realizado en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y DW Akademie, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.